La participación popular en los procesos legislativos de la nación y la búsqueda del mayor consenso posible en torno a cada ley propuesta, previo a su análisis en el Parlamento cubano, volvieron a ser protagonistas en la jornada de este jueves durante la presentación a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de los proyectos de leyes de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de Protección de Datos Personales.
Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, explicó, mediante una videoconferencia dirigida desde el salón Baraguá del Capitolio Nacional, que la norma correspondiente a su sector no garantizará inmediatamente «más comida en la mesa», pero la organización de los sistemas alimentarios locales y su articulación en pos de la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos contribuirá progresivamente a la satisfacción de estas demandas de manera sostenible.
El proyecto, aprobado por el Consejo de Estado en su sesión del pasado 18 de enero, previo a su presentación ante la Asamblea Nacional en el próximo Período Ordinario de Sesiones, ancla sus antecedentes en los preceptos constitucionales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, suscrito en julio de 2020.
Según Cruz Legón, la propuesta «establece el marco legislativo general para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada. Además, regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles».
Comentó que la redacción de la norma y su Reglamento se ha caracterizado por la participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, multiactoral y multinivel, a partir de la interrelación de los representantes de los organismos de la Administración Central del Estado, entidades, académicos e investigadores de instituciones científicas y universidades, así como productores agropecuarios.
https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/THM_6865-1024x629.jpg 1024w" alt="" width="385" height="236" class=" wp-image-26845 alignright" />La normativa, dijo, estructurada en nueve títulos, 24 capítulos, 101 artículos y cuatro disposiciones finales, define «los conceptos de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional y los principios que rigen el derecho a la alimentación, dígase, participación intersectorial, interinstitucional, interdisciplinaria, multiactoral y multinivel; no discriminación; sostenibilidad económica, social y ambiental; orientación a la nutrición; transparencia; precaución; autenticidad y veracidad en estrecha vinculación con la calidad de los alimentos y respeto a las tradiciones culturales».
Asimismo, quedan explícitos, entre otros tópicos, los principios concernientes a los sistemas alimentarios locales, la calidad e inocuidad de los productos que ingerimos, así como las estrategias y medidas de prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de los alimentos.
Tras la intervención de la experta, diputados de Guantánamo, Artemisa, Granma, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas, fundamentalmente, llamaron la atención sobre determinados términos introducidos en la ley y su correcto uso, y sobre la estructura y articulado del proyecto.
Félix Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, puso énfasis, más que en el contenido, en la articulación que urge alcanzar en los territorios entre todos los documentos y directrices aprobadas y la estrategia de desarrollo municipal, como instrumento que debe regir la vida económica y social a ese nivel.
En ese sentido, José Luis Toledo Santander, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, quien moderó el intercambio, sugirió la posibilidad de pautar desde la Ley la integración de todos los documentos programáticos referidos a estos temas, en pos de facilitar su implementación en los territorios.
Vale recordar que, además de las consultas especializadas y los intercambios previstos con los diferentes sectores, el proyecto fue publicado desde enero en el sitio web del Parlamento para que la población pueda estudiarlo y enviar sus criterios por el correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lo que favorece la participación ciudadana en la actividad legislativa.
Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, primera norma de su tipo en el país
https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/THM_6911-1-1024x549.jpg 1024w" alt="" width="480" height="258" class=" wp-image-26853 aligncenter" />¿Por qué es necesaria una Ley de Protección de Datos Personales?, preguntó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, al exponer ante los diputados la norma que constituye la primera de su tipo en el país.
De acuerdo con Silvera Martínez, los avances tecnológicos, y en especial el entorno digital, impactan significativamente en el desarrollo de la vida económica, política y social de las personas. La mayoría de las actividades sociales demandan intercambio de información y el libre acceso y tratamiento indebido de los datos personales pueden incidir negativamente en el bienestar y seguridad de los ciudadanos. Por ello, acotó, se hace imprescindible dicha normativa.
Se trata, señaló, de una disposición corta, estructurada en tres capítulos, 66 artículos, dos Disposiciones Especiales y cinco Finales, que tuvo como antecedentes el estudio de legislaciones de la región y de Europa, la definición de la situación actual de este tema en el país, y varias regulaciones nacionales que establecen aspectos relacionados con la protección de datos personales.
Como fundamento esencial, al decir del titular de Justicia, sobresalen los principios constitucionales que reconocen el derecho de toda persona a la dignidad humana como valor supremo y a que se respeten su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal; unido a la no divulgación de los datos personales, así como acceder a ellos y solicitar su corrección, rectificación, modificación, actualización y cancelación.
Entre los aspectos novedosos, subrayó el enfoque de la norma en dos sentidos: establecer los derechos de las personas naturales o titular y, por otro, las regulaciones y obligaciones en el procesamiento y tratamiento de sus datos por personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Además, permite conocer de forma organizada la existencia de las principales bases de datos personales en el territorio nacional.
https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/THM_6894-1024x885.jpg 1024w" alt="" width="327" height="282" class=" wp-image-26850 alignleft" />Agregó que constituye una garantía para las personas en su derecho a la protección de datos personales, y sitúa a Cuba dentro del grupo de países que han desarrollado este derecho; protege el tratamiento a los datos de imagen y voz provenientes de cualquier dispositivo, y la previsión de que su uso inadecuado da lugar a una acción de protección de datos personales, o a la responsabilidad civil o penal que corresponda.
Asimismo, define un régimen contravencional que faculta a los funcionarios autorizados por los órganos del Estado y organismos de la administración central del Estado (OACE), en el ámbito de su competencia, a accionar ante los incumplimientos con lo dispuesto en la Ley.
A su vez, determina las vías de reclamación ante vulneraciones y el acceso a los tribunales:
- En los casos en que la base de datos pertenezca a un órgano del Estado, OACE o entidades nacionales, conocerá en primera instancia el superior jerárquico del responsable o encargado de dicha base de datos.
- Contra lo decidido por estas autoridades puede establecerse demanda ante el tribunal competente.
- Cuando el titular es una persona jurídica no estatal o persona natural la acción es directa ante los tribunales.
Silvera Martínez también destacó que se faculta al Ministerio de Justicia para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma, una vez aprobada, y se responsabiliza con el control nacional de bases de datos personales.
Diputados de Guantánamo, Villa Clara, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Artemisa, así como algunos especialistas de estos territorios, concordaron en la trascendencia de la normativa, sobre todo en el contexto actual, y reconocieron los vasos comunicantes existentes entre la disposición propuesta y determinados principios contenidos en el proyecto de Código de las Familias, sometido a consulta popular en estos momentos.
Miguel Charbonet, diputado por el municipio artemiseño Caimito, coincidió en que el proyecto parte de respetar el derecho de las personas a su integridad, lo que constituye un elemento muy positivo, en correspondencia con el lugar que ocupan los individuos dentro de nuestro proyecto social.https://www.parlamentocubano.gob.cu/wp-content/uploads/THM_6843-1024x768.jpg 1024w" alt="" width="341" height="256" class=" wp-image-26841 alignright" />
En la sesión de trabajo se reiteró que la Política y el proyecto de norma jurídica fueron aprobados por el Buró Político el 27 de abril y el 17 de agosto de 2021, respectivamente. Y desde el 24 de enero de 2022 fue publicado el proyecto en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al cual las personas pueden acceder por el correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A la presentación de las normativas asistieron, además, funcionarios y directivos de los Ministerios de Justicia y Agricultura, profesores de la Universidad de La Habana, y presidentes de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional.